La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Early Warning Services, LLC (EWS), la empresa responsable del desarrollo y operación de la plataforma de pagos Zelle. La acción legal alega que EWS no protegió adecuadamente a los usuarios ante fraudes masivos ocurridos entre 2017 y 2023, lo que resultó en pérdidas superiores a mil millones de dólares.
Según la investigación realizada por la Oficina del Fiscal General (OAG), Zelle fue diseñada sin incluir medidas de seguridad esenciales. Esto permitió que estafadores atacaran a usuarios con facilidad y aprovecharan debilidades en el sistema para cometer fraudes. EWS, propiedad de grandes bancos estadounidenses como JPMorgan Chase, Bank of America, Capital One y Wells Fargo, habría priorizado el rápido lanzamiento y la simplicidad del registro sobre la seguridad del consumidor al buscar competir con aplicaciones como Venmo, PayPal y CashApp.
“Nadie debería quedar abandonado a su suerte tras ser víctima de una estafa, y espero que se haga justicia para los neoyorquinos que sufrieron las fallas de seguridad de Zelle”, declaró la Fiscal General James.
El proceso para registrarse en Zelle permitía que cualquier persona con una cuenta bancaria estadounidense accediera al servicio usando direcciones de correo electrónico o números telefónicos. Según la demanda, esto facilitó que los estafadores crearan cuentas engañosas asociadas a nombres confiables o instituciones conocidas. El sistema favorecía transferencias inmediatas e irreversibles; muchas veces los consumidores solo se daban cuenta del fraude cuando ya era demasiado tarde para recuperar su dinero.
Entre las modalidades más comunes estaban las transferencias no autorizadas tras acceder ilegalmente a cuentas y las estafas donde se convencía a usuarios de enviar dinero bajo falsos pretextos, incluyendo supuestas ofertas comerciales o suplantaciones de entidades bancarias o gubernamentales. Un caso citado describe cómo un usuario transfirió $1,476.89 tras recibir una llamada fraudulenta haciéndose pasar por Con Edison; su banco le informó luego que “no podían devolverme ese dinero”.
La OAG afirma que EWS tenía conocimiento desde hacía años sobre el crecimiento del fraude en Zelle pero no implementó controles efectivos ni exigió reportes adecuados a sus bancos asociados. Tampoco eliminaba rápidamente cuentas sospechosas ni reembolsaba fondos perdidos por ciertos tipos de estafa. Aunque EWS desarrolló algunas salvaguardias básicas en 2019, no fueron adoptadas plenamente ni aplicadas con rigor frente a violaciones reiteradas.
Los anuncios publicitarios prometían transacciones seguras; sin embargo, según la demanda presentada por James, “las fallas de EWS permitieron que los estafadores proliferaran en la red de Zelle”, generando pérdidas millonarias entre los residentes del estado.
Con esta acción judicial —que sigue a una demanda previa similar interpuesta por la Oficina Para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en diciembre de 2024— James busca restitución y daños para los afectados junto con órdenes judiciales obligando a implementar mejores medidas antifraude.
La fiscal general también ha impulsado otras acciones recientes enfocadas en proteger al consumidor financiero: demandó a empresas como DailyPay y MoneyGram por prácticas abusivas en préstamos rápidos y acusó a Capital One y Citibank por supuestas prácticas engañosas o falta de protección frente al fraude.
James instó además a quienes hayan sido víctimas de estafas mediante Zelle a reportar sus casos ante la Oficina de Fraudes al Consumidor del OAG para contribuir con futuras investigaciones.
